UNA DESCLASIFICACIÓN TRANSPARENTE

 

VICENTE-JUAN BALLESTER OLMOS*

 

El expediente 850212 (Lanzarote, 12 de febrero de 1985), que se desclasificó en octubre pasado, ilustra perfectamente la limpieza del proceso de desclasificación, como siempre hemos mantenido. Porque, a menos que se hable de oídas, engañado o con afán tergiversador; nadie que se informe con escrupulosidad puede arrojar la menor sombra de duda sobre la objetividad del Mando Operativo Aéreo (MOA), que es el organismo gestor de la información ovni de las Fuerzas Aéreas española y artífice de la desclasificación.

El MOA, cuya sede está en la Base Aérea de Torrejón, no sólo transfiere al público la totalidad de la documentación que le vino de los viejos archivos del Estado Mayor del Aire (Cuartel General del Aire, en Madrid), sino que se empeña en buscar documentos perdidos en el curso de los años, solicitando informes a unidades y mandos cuando tiene la menor referencia de que pudiera haberse emitido informe o papel alguno en torno a un avistamiento ovni. A pesar de la brutal campaña oscurantista de algunos, que tachan al Ejército del Aire de ocultar o manipular información, finalmente imperará la justicia. La verdad está en los expedientes y éste es un ejemplo característico del viejo epílogo matemático: «como se quería demostrar» (q.e.d.).

Vayamos pues al expediente 850212. Todo se inició con la observación de una luz por un policía municipal, confirmada visualmente por la tripulación de un vuelo comercial con posterioridad. No entraré en la naturaleza de la visión, aunque adelanto que probablemente se trató, a nuestro juicio, de una confusión más con un estimulo celeste.

Con fecha 13 de febrero de 1985, el Mando Aéreo de Canarias (Macan) remite un mensaje de télex a la sección de Espacio Aéreo/División de Operaciones del Cuartel General del Aire, entonces custodio del archivo ovni militar, dando cuenta del teletipo recibido por la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. Veinticuatro horas más tarde, el general jefe del Macan nombra a un comandante de aviación para que actué como juez-informador de ese suceso (investigador, según la normativa dictada por el Ejército del Aire en 1968). Y así lo comunica al jefe del Estado Mayor del Aire.

A finales de 1995, y siguiendo con la secuencia de la desclasificación seguida por todos los expedientes ovni que el MOA recibió a principios de 1992, el teniente coronel de Estado Mayor ENRIQUE ROCAMORA ANIORTE abre la carpeta correspondiente y se encuentra con los dos documentos citados. «¿Y dónde está el preceptivo informe del juez que instruyó la información?», se pregunta. Pudo haber hecho caso omiso de la falta, pero, ni corto ni perezoso, localiza el actual destino del oficial que tuvo esta responsabilidad diez años atrás y llama por teléfono a quien hoy en día ya es coronel. Este le confirma que realizó la investigación y entregó su informe al MACAN.

Por su propia iniciativa, Rocamora redacta entonces un oficio que, firmado por su comandante en jefe, teniente general JOSÉ LUIS TOJEIRO ANEIROS, se manda el 17 de enero de 1996 al general jefe del Macan, requiriendo «se intente la localización de la documentación relativa al suceso y su posterior remisión a este Mando». El 6 de febrero se envía la respuesta al Cuartel General del MOA, indicándose que toda la información de la que el Macan disponía sobre «avistamiento de fenómenos extraños en el espacio aéreo nacional» fue remitida en 1991 a la División de Operaciones del Estado Mayor del Aire.

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En efecto, cuando estaba en ciernes la posibilidad de que la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem) decidiera que la materia ovni dejase de estar clasificada, yo personalmente sugerí al oficial a cargo de los archivos ovni de la Sección de Seguridad de Vuelo que se centralizara todo lo que pudiera haber sobre ovnis en las regiones aéreas. Mi sugerencia fue aceptada y asumida, materializándose mediante un oficio fechado el 26 de julio de 1991 de orden del jefe del Estado Mayor. A raíz de lo cual, el Macan mandó cuanto existía en sus archivos. Por desgracia, el mencionado informe del juez del caso 850212 ya no estaba en los archivos. Un caso de desafortunado traspapeleo en las oficinas militares aéreas de Canarias.

Por cierto, desde que el MOA recibió los archivos generales sobre ovnis el 15 de enero de 1992, ha pedido informaciones complementarias en otras dos ocasiones a la búsqueda de documentos que hablasen de fenómenos aéreos anómalos. En noviembre de 1992 lo hizo de forma genérica, como queda de manifiesto en la respuesta que emitió el Macan. Y nuevamente en 1994, ahora de forma específica, incluyendo anexos con datos de posibles fenómenos extraños avistados por personal militar o detectados por los radares del sistema de defensa nacional.

Hablo con conocimiento de causa porque, en ambas ocasiones, se hizo concretamente a propuesta mía, lo que demuestra, entre otras cosas, que el MOA sabe colaborar con la ufología civil cuando de buscar casuística y registros sobre observaciones ovni se trata. ¡Ah, si otros, en lugar de criticar mezquinamente, hubieran dado pistas de donde pudiera hallarse alguna pieza de este rompecabezas! Posiblemente se habría hallado más información. Pero es que a ésos no les interesa, de verdad, que todo aflore. Y es que son especialistas en la ocultación. Son quienes explotan el falso mito de que «los militares ocultan la verdad de los ovnis».

Siguen las pruebas

Otro de los últimos expedientes desclasificados -761112 Base Aérea de Talavera- nos servirá para mostrar por enésima vez cómo el MOA se empeña en buscar cualquier información que cree pueda existir sobre el tema ovni en una instalación del Ejército del Aire. Este expediente se abrió originalmente (y exclusivamente) a raíz de la recepción de un artículo de prensa. El agregado de Defensa en Venezuela remitió en abril de 1982 un artículo aparecido en diciembre de 1981 en el Diario de Caracas firmado por JUAN JOSÉ BENÏTEZ. En él, el escritor de ficción contaba una rocambolesca historia de la aparición de una figura de aspecto fantasmal en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz) el 12 de noviembre de 1976, sobre la que unos soldados hicieron disparos. Obviamente, la revestía de características «extraterrestres». Así pues, la posterior referencia a «humanoides» que aparecería en el catálogo de los fondos documentales sobre el tema ovni que preparó la Sección de Seguridad de Vuelo en mayo de 1991 -lo que se hizo inducido por mis gestiones personales-, obedece solamente al contenido del citado artículo y no a ninguna información de fuente militar o de inteligencia. Al margen de esta reseña puramente periodística, nada más sobre el particular ha constado jamás en el Estado Mayor del Aire (Emaire).

De forma independiente, investigadores como JOAN PLANA, MANUEL BORRAZ y yo mismo nos hemos dirigido en varias ocasiones, entre 1984 y 1991, a distintas instancias oficiales solicitando confirmación del presunto incidente. Las respuestas fueron siempre negativas; esto es, las diversas fuentes consultadas expresaron que ni se conserva en la Base Aérea de Talavera ningún informe del caso, ni Defensa tiene conocimiento del mismo.

Como parte del proceso interno de documentación que se origina cuando algún particular escribe al Ministerio de Defensa, como hizo Joan Plana el 24 de septiembre de 1984 dirigido a la Secretaría Militar del Aire (Oficina de Relaciones Públicas), el general 2º jefe del Emairte confirma que «la autoridad judicial correspondiente nombró a un juez instructor quien envió a la citada autoridad la información sumaria, no existiendo constancia del hecho en el Estado Mayor del Aire». Parece desprenderse de este párrafo que -sobre unos hechos que tuvieron lugar y de cuya verdadera naturaleza no se nos habla- actuó un juez civil, lo que explicaría la ausencia de documentación en el entorno militar. La ORP del Ejército del Aire transmitió esto mismo al Servicio de Relaciones Públicas de Defensa, con el fin de que se pudiese dar respuesta a la carta que Plana había mandado nada menos que al ministro del ramo.

Como tal párrafo da pie a pensar que, en efecto, hubo cierta investigación de unos hechos -que, insisto, pueden ser bien distintos a la dramatizada versión periodística-, cuando en 1994 el MOA se plantea desclasificar este expediente decide -espoleado por el autor- remitir un escrito a la Dirección General de Relaciones Informativas de Defensa (DRISDE). El MOA, en oficio fechado el 4 de marzo de 1994, solícita cualquier «información referente al caso». La contestación oficial fue inmediata y en sentido negativo: lo único que se conoce en Defensa del suceso es precisamente el cruce de correspondencia con los ufólogos civiles antes mencionados, que naturalmente se envía al MOA. Estas indagaciones y la pretensión de que algo pudiera localizarse de un posible caso ovni en la Base Aérea de Talavera en 1976, son responsables del retraso en la desclasificación del expediente, pues se apuró al máximo el tiempo con la esperanza de que pudiera ver la luz con algún anexo informativo complementario que arrojara luz al respecto. Desgraciadamente, nada se encontró que clarificara los hechos. Esto vuelve a poner de manifiesto -para quien quiera entender- los esfuerzos del Mando Operativo Aéreo en la localización de informes perdidos, lo que niega la tesis sensacionalista de ocultación de estos datos.

Algunos investigadores conocemos, fragmentariamente, por fuentes particulares, el suceso que tuvo lugar en aquella base el 12 de noviembre de 1976. Y nos consta que se trató de una mezcla de hechos fortuitos (sin relación con los ovnis), cierta histeria general y un pobre soldado con trastornos mentales.

 

* Vicente-Juan Ballester Olmos es director de Investigaciones del Centro de Estudios Interplanetarios (CEI) y vicepresidente de la Fundación Anomalia.

 

© Copyright 1997 Vicente-Juan Ballester Olmos

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